Entre el 135 y el 30 a. C. la República romana vivió un período final de decadencia debido a las constantes crisis políticas que la sacudieron durante un siglo.
La guerra social es la primera de las guerras civiles que envolverán a la República Romana y que acabarán con ella, iniciándose el Imperio.
El origen de las causas de la Guerra Social, hay que buscarlo en el período de los hermanos Graco, que habían nacido en el seno de una de las familias más importantes de Roma. Eran nietos por parte de madre del mismísimo Escipión «el Africano«, e hijos de Tiberio Sempronio Graco, que ostentó el consulado en dos ocasiones.
El mayor, Tiberio, se presentó al cargo de tribuno de la plebe en el año 134 AC. Una vez elegido presentó una propuesta de reforma agraria que pretendía asegurar el tamaño de tierra cultivable por cada persona a 500 yugadas (250 ha), más 250 yugadas por hijo con un límite máximo de 1.000. La tierra sobrante se dividiría en parcelas de 20 acres iguales para distribuirse entre los ciudadanos sin recursos ni propiedades por la cual pagarían un arrendamiento casi simbólico al estado.
Cuando parecía que la propuesta iba a salir adelante, apoyada por el pueblo, el otro tribuno de la plebe, Marco Octavio, presionado por el Senado y por su propia codicia, vetó la iniciativa.
Decidido a evitar un nuevo veto, Tiberio decidió expulsar a Octavio del tribunado alegando que un tribuno de la plebe tenía el deber sagrado de proteger al pueblo y los actos de este iban en contra de dicho deber. Tiberio intentó comenzar la asamblea, pero los ánimos estaban tan caldeados que se inició una pelea generalizada entre los partidarios de uno y otro bando. Tiberio temiendo por su vida intentó huir sin éxito y fue asesinado. Se le negó la sepultura y las exequias pertinentes, y su cuerpo fue arrojado al río Tíber con el resto de sus seguidores.
Cayo siguió el camino de su hermano y su siguiente ley contemplaba llevar a juicio a los magistrados que hubieran ejecutado a algún ciudadano sin juicio previo y sin oportunidad de defenderse ante el pueblo, precisamente lo que le había ocurrido a su hermano Tiberio.
Siguió adelante con la ley agraria, que era muy similar a la de Tiberio; la tierra cultivable se dividía en 500 yugadas por persona, más 200 por hijo hasta un límite de 1.000, la tierra sobrante se dividiría a partes iguales y sería entregada a los pobres para que la trabajaran y vivieran de ella.
No terminaba un proyecto cuando se enfrascaba en otro: reparación y construcción de calzadas y graneros, fundación de colonias en las provincias, etc. La plebe y los aliados itálicos estaban encantados con él, tanto, que cuando se acercaba la fecha de las nuevas elecciones fue el propio pueblo quien llevó en volandas a Cayo para que saliera elegido de nuevo tribuno.
El senado aprovechó la situación para otorgar poderes especiales a los cónsules y derogar la práctica totalidad de las leyes que se habían aprobado bajo el tribunado de Cayo Graco. La plebe se enfadó y mató a un lictor del cónsul, haciendo responsable a Graco. Opimio al mando del Senado, envió varios cientos de esclavos y una unidad de arqueros cretenses mercenarios para atacar la colina Aventino donde estaba Graco, este huyó, pero fue asesinado en un bosque.
Los optimates habían conseguido una victoria, pero la república ya no fue la misma nunca más. La división de la clase senatorial era cada vez más profunda. Los Gracos fueron la bandera que portarían los populares enemigos de los optimates, que se enfrentaron continuamente, quizás con los Gracos por un pensamiento ideológico diferente, pero después declinó en un juego de influencias para sacar un provecho personal.
En el año 100 AC, fue elegido tribuno Lucio Apuleyo Saturnino. Su primera iniciativa fue una nueva ley frumentaria con la que pretendía rebajar notablemente el precio del trigo, esta ley fracasó. Contraatacó después con una ley agraria para repartir lotes de tierra itálica entre los veteranos de Cayo Mario.
Una ley posterior se inmiscuirá incluso en asuntos del gobierno de las provincias asiáticas, asunto hasta entonces competencia exclusiva del senado.
Al año siguiente, las crecientes tensiones entre parte de la oligarquía (optimates) y los partidarios de Saturnino terminaron conduciendo a violentos tumultos en la propia Roma. Mario no dudó a la hora de ganarse el favor de la oligarquía armando a algunas de sus tropas y persiguiendo y cercando a Saturnino y sus partidarios en el Capitolio.
Saturnino decidió rendirse ante la promesa de que se le perdonaría la vida; promesa que no se cumplió pues una multitud anónima lo linchó hasta matarlo pocas horas después, sin que Mario hiciese nada por evitarlo
El triunfo romano sobre la potencia mediterránea de Cartago en la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C), dejó en evidencia la política expansionista e imperialista de Roma. Sin embargo, este imperio de facto, creado paulatinamente a partir del siglo II, no nació únicamente por gracia y virtud de los romanos (los hombres provenientes de las Siete Colinas), sino también –y de una forma igualmente importante– a los socii populi romani o aliados latinos o itálicos, quienes fueron arrastrados a la empresa imperialista romana.
A principios del siglo I AC, Italia no estaba unificada bajo un mismo gobierno como en época del Principado, sino que existía una confederación liderada por Roma. El Senado concedía autonomía interna a sus componentes a cambio de impuestos, tributos y hombres para engrosar el ejército romano.
La sociedad romana estaba estructurada en ciudadanos y no ciudadanos (libertos y esclavos). Ser ciudadano (civis romanus) era un privilegio. Era ciudadano cualquier hombre libre, patricio o plebeyo, nacido de un padre ciudadano y tenía el derecho de ciudadanía (ius civitates). Los había de dos clases:
El romano, que era un ciudadano completo (civis optimo iure), luego disfruta del derecho completo de ciudadanía.
Los que reciben ese derecho de ciudadanía por etapas (civis minuto iure)
Muchas de estas ciudades itálicas llevaban siglos federadas y habían sufrido las mismas derrotas que Roma frente a Aníbal; sin embargo, muchas de ellas se mantuvieron fieles, a pesar de ello, su subordinación política era total y todavía carecían de la ciudadanía romana. Leyes como la ley Licinia Mucia aprobada en el año 95 AC, que eliminaba de las listas de ciudadanos a aquellos de los que se sospechara de haber conseguido la ciudadanía de manera fraudulenta, no ayudaba a rebajar la tensión.
Pese a la casi indiscutida y probada lealtad que demostraron los aliados en la guerra anibálica (y en las campañas anteriores), comenzó un paulatino deterioro de las relaciones entre Roma y sus aliados producto del sentimiento de inferioridad –en todos los aspectos– que sentían los aliados respecto a los ciudadanos romanos.
En efecto, durante las campañas de Roma, los aliados aportaban un mayor número de soldados (el número de aliados sobrepasaba en proporción 2/1 al número de ciudadanos); emprendían las acciones más peligrosas; recibían la peor parte del botín; y, además, permanecían en servicio activo mucho más tiempo que los romanos.
Hubo también permanentes abusos y atropellos por parte de muchos magistrados romanos, los que, amparados por su poder, actuaban de forma discriminatoria y autoritaria con los aliados.
Otro aspecto a considerar es el masivo éxodo de aliados a Roma en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, dejando las ciudades sin el contingente necesario establecido en los foedera. Esta situación hizo que Roma tomara medidas para acabar con este éxodo, lo tensionó aún más las relaciones. Por otra parte, en el año 168 a.c se liberó a los ciudadanos romanos de pagar el tributum, no así a los socii.
En efecto, nada hacía Roma para no mantener a los aliados en una categoría de sumisión e inferioridad, lo que demuestra la falta de criterio y la ingratitud romana por la gestión realizada por los latinos e itálicos en la conformación del imperio. Nace así la necesidad de los socii por obtener la civitas romana, único medio para lograr la igualdad jurídica, política, social y fiscal.
Esta crisis se pondría de manifiesto con mayor fuerza en el periodo de los Gracos, cuando hizo su aparición efectivamente el denominado “Problema Itálico”.
Las medidas para solucionar el “Problema Itálico”
El tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco presenta en el año 133 a.C una ley agraria que proponía limitar a 500 yugadas como máximo los latifundios de los romanos, con la posibilidad de aumentar 250 yugadas por hijo, con un máximo de hasta 1000 yugadas, el resto de la tierra sería distribuida entre los ciudadanos romanos pobres mayoritariamente.
Esta ley no era favorable para los socii ya que gran parte de la tierra a reivindicar se encontraba en su posesión, y como no eran ciudadanos, no podían participar de la repartición del ager romanus. Escipión Emiliano se convirtió en protector de los agravios de los aliados, y permitió a los itálicos conservar posesiones. Sin embargo, fue encontrado más tarde sin vida en extrañas circunstancias.
Fue entre estos dos hechos –la reforma de Graco y la muerte de Escipión– en que la solicitud de ciudadanía adquiere un valor concreto y efectivo por parte de los socii itálicos.
Existía una ley en el 129 a.C en que los latinos podían alcanzar la civitas con una inscripción en Roma, siempre y cuando dejaran un hijo en la ciudad de origen. La ventajas y oportunidades que entregaba Roma pronto se convirtieron en un problema, pues el número de migrantes era tremendo, y las ciudades aliadas ya no podían proporcionar los contingentes pactados en la guerra. Así entonces, el problema mayor no eran los latinos, sino los socii itálicos
Marco Junio Penno, tribuno de la plebe en el año 126 a.C, en colaboración con el Senado, dictó una ley que expulsaba a la totalidad de los peregrini (itálicos) residentes en Roma, acusados de obtener la ciudadanía de forma fraudulenta.
En el año 125 a.C es relevante para el tema de la ciudadanía aliada; Fulvio Flaco, el electo cónsul y triunviro agrario, propuso una rogatio que confería la civitas a los itálicos que la desearan, y a los demás, el ius provocationis o derecho de apelación contra los magistrados romanos. Esta es la primera vez que se discute abiertamente la moción de la civitas o provocatio a los socii itálicos pese a la tenaz oposición senatorial, con el fin de que los aliados dejaran de ser súbditos sino parte de la República. El cónsul Flaco entendió la dificultad política de la cuestión aliada.
Ese mismo año (125 a.C) la colonia latina de Fregellae, ciudad que se mantuvo leal a Roma en la guerra contra Aníbal, se levanta en armas como respuesta a la negativa del senado a la rogatio civitae de Fulvio Flaco. Esta sedición no se propagó pues la rebelión fue duramente aplacada por Roma. Sin embargo, Fregellae fue, sin dudas, un antecedente inequívoco de la guerra que se aproximaba entre Roma y los aliados.
Pese a todo, los hechos ocurridos en Fregellae ablandaron la intransigencia romana pues, después de la destrucción de la ciudad –según la interpretación de G. Tibiletti– se dictó una ley que daba la ciudadanía a los altos magistrados de las colinas latinas, para asegurar de esta manera su permanente lealtad y con el fin de que no se repitieran hechos similares en un futuro próximo.
Cayo Sempronio Graco, en su segundo tribunado en el año 122 a.C, presentó como objetivo último de sus reformas la rogatio de socii et nomine latino donde les otorgaba la ciudadanía a los latinos. A los itálicos por su parte, se les otorgaba el ius sufragio o derecho a voto. Nuevamente no fue del agrado del senado y se sentenció la expulsión de los aliados. A pesar de esto, Marco Livio Druso, colega, amigo del senado y opositor de Graco, concede a los latinos como alternativa el ius provationis.
La incorporación de latinos e itálicos a la civitas debía ser de forma paulatina, ya que, al aumentar bruscamente el cuerpo jurídico, podría afectar el equilibrio entre el poder y la participación activa de la ciudadanía misma. Por ello la plebe se negó a compartir sus escasos privilegios con los aliados, y el senado defendió su poder y sus privilegios políticos.
En suma, las propuestas fallidas de Graco y Flaco fueron medulares en el intento de los aliados de obtener la civitasa través de medios pacíficos. El sentimiento de que romanos y aliados eran una gran familia de hecho –no de derecho– se acentuó con las décadas.
Cayo Mario, general romano de origen itálico, también se preocupó de la situación de los aliados; tuvo en su poder la autoridad para repartir la ciudadanía entre sus soldados aliados, y lo hizo (por actos heroicos, por ejemplo), pero no está claro si este apoyaba la causa de los socii. Apuleyo Saturnino, tribuno (103 – 100 a.C) formula una reforma agraria que repartía tierras a la plebe rural en territorios conquistados y también otorgaba la ciudadanía a algunos aliados.
En consecuencia, tenemos que la participación de los socii, forzada o consciente, constituyó un vehículo poderoso de unificación entre romanos y aliados. La amenaza de invasión germánica acrecentó este sentimiento unitario entre las tropas. Pero al mismo tiempo, la cuestión aliada se incrementaba por el deseo cada vez más general de los itálicos por participar en la vida misma de Roma, de igual a igual.
En el siglo I a.C, la agitación itálica continuaba y se hacía más aguda y latente ya que gran número de estos participaban de manera ilegal de los comicios y procesos eleccionarios, lo que evidenciaba su interés por intervenir en la vida política de Roma. En consecuencia, Roma aplicó la Lex Licinia Mucia en el 95 a.C, otra medida restrictiva para controlar la situación, eliminando de las listas de ciudadanos a aquellos aliados incorporados de forma ilícita.
El tribuno Marco Livio Druso (hijo) propone una rogatio liviana de soccis cuyo objetivo era conceder la ciudadanía a los aliados, causando el completo rechazo del senado. Druso muere asesinado en extrañas circunstancias, esfumando así los esfuerzos pacíficos para la obtención de la civitas.
Estalla la guerra social y la solución definitiva.
Mueren más de 300.000 hombres en una guerra que se extendería por más de dos años y que cambiaría para siempre las cualidades jurídicas de la península.
Roma, pese a ganar la guerra, terminaría concediendo la ciudadanía romana a los aliados. Esto se llevó a cabo en el curso de la guerra a través de diversas leyes. Entre las leyes más importantes se encuentra La Lex Julia: Propuesta el año 90 por el cónsul M. Licinio Craso, ley que concedía la civitas a todos los latinos y también a algunos aliados: a lo que no habían tomado parte de la guerra (manteniendo la calma de Etruria y Umbría) También concedía el derecho a los generales a dar la ciudadanía por mérito a sus soldados; la lex Plautia Papira, que concedía la ciudadanía a cualquier itálico, incluso sublevado, que se hiciese inscribir en los registros del pretorio en un plazo de dos meses; y la lex Calpurnia, que otorgaba el derecho latino a las ciudades de la Galia Cisalpina que aún no lo poseían.
Desarrollo de la guerra
La insurrección y la respuesta romana
Druso, elegido tribuno de la plebe, intentó impulsar una reforma agraria aún más profunda que la de los Graco, por supuesto a los optimates o patricios de rancio abolengo que engrosaban las filas no les hacía ninguna gracia, como terratenientes que eran no estaban dispuestos a perder beneficios por gente que no era romana. Para conseguir el apoyo de los plebeyos, presentó una ley agraria más radical que la de los Gracos.
Druso ofreció un acuerdo secreto a los aliados italianos, prometiendo la ciudadanía romana para todos, a cambio de que corrieran con los gastos de la nueva distribución de tierras.
Sin embargo, se opusieron los terratenientes, que no querían perder sus tierras, y también la plebe, que no querían ver igualados sus derechos por los itálicos. La solución fue la estándar en estos casos, Druso fue asesinado en su propia casa por un desconocido en el 91 AC.
El asesinato de Druso fue simplemente una señal de la rigidez de Roma, que no quería hacer ninguna concesión, pero no acalló la protesta que desembocó en la llamada Guerra Social.
En el 91 AC, los sublevados se prepararon a conciencia. Nada más conocerse la muerte de Druso realizaron un intercambio de rehenes entre las diversas ciudades, para asegurarse de que todos se uniesen a la revuelta una vez se iniciasen las hostilidades.
Entre los rebeldes estaban los marsos, pelignos, picenos, marucinos, frentanios, vestinos, apulios, lucanos, campanios y samnitas crearon una república, basada en el ejemplo de la romana, y eligieron como capital Corfinio, rebautizada como Itálica.
Los etruscos y umbros permanecieron fieles a Roma, así como Venosa, Nola, Nocera, Nápoles, Reggio y casi todas las colonias latinas.
A la semejanza romana nombraron dos cónsules, Pompedio Silón y Papio Mutilo, formaron un senado compuesto de 500 miembros y 12 generales al modo de pretores representando a cada una de las comunidades sublevadas y reunieron un ejército de casi 100.000 hombres.
El pretor Servio fue asesinado en Ausculum, el pretor que había sido enviado como legado y, cerrando inmediatamente las puertas de la ciudad, condenaron a muerte y degollaron a todos los ciudadanos romanos.
Los itálicos se dividieron en dos grupos:
Grupo marso o septemtrional: marsos, pelignos, vestinos, marrucinos, picentinos y frentanos.
Grupo samnita o meridional: hirpinos, pompeyanos, venusios, yapiges, lucanios y samnitas.
Lo inesperado de la insurrección cogió a Roma desprevenida, pero el senado romano respondió con un ejército formado por 14 legiones a toda prisa y lo puso a las órdenes de los dos cónsules electos, Publio Rutilio Lupo y Lucio Julio César (segundo con este nombre)
Tres nombres destacan en estas guerras, hombres que serán decisivos en la historia de la República Romana: Mario, Sila y Julio César
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